Protección del consumidor de bienes raíces
En el mercado local, la adquisición de bienes o servicios como productos finales debe estar regulada para garantizar que tanto los compradores (consumidores) como los vendedores (agentes económicos) estén en igualdad de condiciones, permitiendo así una relación óptima que beneficie a ambas partes.
Cuando esta relación se desequilibra, los consumidores pueden acudir a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) para presentar una queja o reclamo. De igual forma, pueden dirigirse a los Juzgados de lo Mercantil, Octavo y Noveno Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que una autoridad judicial declare la vulneración de sus derechos y ordene su reconocimiento.
Actualmente, estas instancias manejan principalmente casos relacionados con consumidores locales por incumplimientos de garantías, falta de información, incumplimiento de servicios y vicios ocultos, entre los temas más comunes. Por otro lado, existe una estadística que indica que, en la mayoría de los casos, los extranjeros demandan a agentes económicos por falta de información, cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato y resolución de contrato, en particular en lo relacionado con promesas de compraventa de unidades habitacionales en régimen de propiedad horizontal (condominios).
Asimismo, los incumplimientos pueden darse no solo por la falta de entrega del bien inmueble, sino también por la falta de traspaso formal (registro en el Registro Público) de la propiedad.
Es importante destacar que, para comparecer ante los juzgados de lo mercantil, la parte afectada debe ser el consumidor o beneficiario final del bien o producto, ya que un inversionista no tiene la condición de consumidor. Esto está definido en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, en su Artículo 33, numeral 3, como:
“persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza”,
y el proveedor se define como:
“todo industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con fines comerciales, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual.”